Cuando un familiar empieza a padecer Alzheimer, demencia u otra enfermedad neurodegenerativa, muchas familias se preguntan qué pasos deben seguir para poder ayudarle legalmente. ¿Quién puede tomar decisiones por él o ella? ¿Es necesario acudir al juzgado? ¿Qué documentos se necesitan?
Desde la reforma de la legislación civil en 2021 (Ley 8/2021), ya no se habla de incapacitación. El sistema anterior ha sido sustituido por un modelo basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, incluso cuando tiene limitada su capacidad para tomar decisiones. Ahora hablamos de medidas de apoyo para personas con discapacidad.
¿Qué medidas existen para apoyar legalmente a una persona con deterioro cognitivo?
La ley reconoce varias formas de apoyo, dependiendo del estado de la persona y del momento en que se actúe:
Apoyos voluntarios o mandato preventivo: Si la persona aún conserva capacidad para entender y decidir, puede acudir a un notario para anticipar el nombramiento de una persona de confianza que le represente cuando ya no pueda hacerlo. Esta vía evita conflictos y procedimientos judiciales futuros.
Curatela: Si la persona ya no puede tomar decisiones por sí misma, es necesario acudir al juzgado para que se nombre una persona (normalmente un familiar) que le preste apoyo de forma oficial. Esta medida puede ser asistencial (solo para determinados actos) o representativa (para actuar completamente en su nombre). En casos de Alzheimer avanzado, lo habitual es solicitar una curatela representativa.
Guarda de hecho: Es la persona que ya cuida y toma decisiones por el afectado sin haber sido nombrada formalmente. Aunque es válida para situaciones del día a día, no sirve para actos jurídicos importantes como vender una propiedad o comparecer en juicio. Por eso, muchas veces debe regularizarse.
Defensor judicial: Se nombra por el juzgado de forma puntual, en situaciones urgentes o cuando hay conflictos de intereses (por ejemplo, entre varios hijos). Es una medida provisional que da cobertura legal hasta que se resuelva el procedimiento principal.
¿Cómo se solicita el apoyo judicial (curatela)?
Cuando la persona con demencia no puede valerse por sí misma y no ha designado previamente apoyos voluntarios, debe iniciarse un expediente ante el Juzgado de Primera Instancia de su lugar de residencia. Se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que no hay parte contraria, sino que el juzgado analiza la situación para adoptar la medida más adecuada.
Puede presentar la solicitud cualquier persona interesada: el cónyuge, los hijos, hermanos, el Ministerio Fiscal o incluso los Servicios Sociales si detectan una situación de vulnerabilidad.
¿Qué documentos necesito para iniciar el procedimiento?
Para que el juzgado pueda valorar adecuadamente la situación de la persona afectada, es necesario reunir una serie de documentos. Los más habituales son:
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Informe médico actualizado, preferiblemente de un neurólogo, geriatra o psiquiatra.
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DNI o documento identificativo de la persona afectada.
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DNI de la persona propuesta como curadora (normalmente el cónyuge o un hijo).
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Certificado de empadronamiento.
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Libro de familia, si se desea acreditar el parentesco.
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Propuesta de medidas: un escrito explicando por qué la persona propuesta es adecuada y qué funciones debería tener.
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Escrito de aceptación del cargo por parte de la persona propuesta como curadora.
En algunos casos, el juzgado puede solicitar también un informe de los Servicios Sociales.
¿Cómo es el procedimiento judicial?
El procedimiento comienza con la presentación de la demanda, adjuntando todos los documentos mencionados. A continuación, el juzgado puede citar a la persona afectada para explorar su situación, si su estado de salud lo permite. También se puede practicar prueba testifical (familiares, cuidadores) o documental (informes médicos y sociales).
Finalmente, el juez dictará resolución nombrando a la persona más idónea como curador o curadora, indicando con detalle qué funciones puede ejercer.
¿Y si hay una situación urgente?
Si hay que tomar decisiones urgentes (por ejemplo, firmar un consentimiento médico, evitar una pérdida económica, cobrar una pensión, etc.) y todavía no se ha tramitado la curatela, es posible solicitar al juzgado el nombramiento provisional de un defensor judicial mientras se resuelve el procedimiento principal.
¿Qué pasa con las figuras anteriores como la tutela o la incapacitación?
La reforma de 2021 ha eliminado conceptos como la incapacitación judicial, la tutela de personas adultas o la patria potestad prorrogada. Todas estas figuras han sido sustituidas por un sistema más flexible, basado en la voluntad, los deseos y las necesidades concretas de cada persona.
Hoy en día, los juzgados ya no dictan sentencias de incapacitación, sino que se limitan a establecer medidas de apoyo personalizadas, adaptadas a cada caso.
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